Pide la industria automotriz que los cambios regulatorios al outsourcing sean aplicables hasta el 2022

7 diciembre, 2020

MÉXICO—La industria automotriz en México, que utiliza en mayor medida el outsourcing y el insourcing en sus esquemas de producción terminal, se pronunció por mantener las figuras laborales y que los cambios regulatorios que se definen sean aplicables hasta el primero de enero del 2022 para no afectar planes financieros de las empresas o caer en imprecisiones.

“Para nosotros es importante y es un tema relevante porque el ensamble de vehículos ocupa esquemas de subcontratación, y no sólo eso, sino insourcing, que es una subcontratación y tiene que ver con empresas filiales del mismo grupo y el esquema de producción de la industria terminal utiliza como una herramienta que le permita tener competitividad, no es que se evadan impuestos, sino buscamos formas más eficientes de producir”, estableció Fausto Cuevas, director de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

Óscar Albín, presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA) dijo que la industria automotriz es respetuosa con los cambios que realicen las autoridades, “lo único es que esto impacta la planeación estratégica de la empresa, es que se den los plazos suficientes para que el cambio se dé en forma ordenada y no caer en errores o imprecisiones que pudiéramos ser acusados de faltar a la ley”.

Con base en el diálogo que se realiza con las cámaras cúpulas y el gobierno federal, vamos a llegar a un acuerdo en tiempo y forma. Pero, “lo más importante es que sea alcanzable y que sea implementado en el tiempo razonado”, dijo.  

La reforma planteada por el Ejecutivo sobre el outsourcing debe hacerse dando la oportunidad a escuchar los puntos de vista del sector empresarial y abriendo un periodo de tiempo para su ejecución que corresponda a la capacidad de ejecución de la industria de las empresas en general, dijo Guillermo Rosales, director de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), quien resaltó la postura institucional de la aplicación ordenada de respeto a los derechos de los trabajadores en las figuras de contratación y oponiéndonos a los abusos enmascarados que lesionen a los trabajadores.

Fuente: El Economista