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BAJA CALIFORNIA — Todo gobierno tiene la obligación de velar por el cumplimiento de la ley, pero en el caso de la iniciativa del gobernador de Baja California, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, de proporcionar un engomado foliado a propietarios de vehículos de contrabando se convertirá en un mecanismo viciado de origen al intentar combatir actos ilegales con otro del mismo origen, advirtió Guillermo Prieto Treviño.
En una carta enviada a este gobernador, el presidente ejecutivo de la AMDA explicó que resulta poco comprensible intentar resolver un problema de seguridad mediante un mecanismo que contraviene lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Aduanera y la de Comercio Exterior, así como pasar por encima del Código Fiscal de la Federación, la Ley del Registro Federal Vehicular y la Ley sobre Metodología y Regulación.
“No es posible consentir, tolerar y hasta pretender premiar mediante certidumbre de la posesión del bien obtenido mediante contrabando en México, cualquiera que fuese el nombre del programa establecido por la autoridad estatal: sea censo, registro o diagnóstico”, escribió en la misiva.
El directivo de la AMDA explicó que de llevarse a cabo tal programa, el gobernador estaría quebrantando también el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Federal celebrado entre Baja California y la Secretaría de Hacienda, lo que podría afectar el flujo de recursos de la Federación a dicha entidad.
Además, quedará claro, adelantó Prieto Treviño, que todo mexicano que se ha esforzado por adquirir un vehículo nacional o extranjero, nuevo o usado, mediante mecanismos y pagando las contribuciones establecidas en la Ley, verá afectados sus intereses y patrimonio al verlo devaluado en su valor generalizado en el país al permitir la estadía y circulación de unidades de contrabando que solamente aumentarán la sobreoferta de éstos.
“En la AMDA hemos visto con beneplácito la política de combate a la corrupción del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que consideramos que es un acto de inconsistencia apoyar cualquier acción que emane de un acto de ilegalidad, instaurándose así la oficialización de un perverso incentivo a la ilegalidad”, concluyó.
Fuente: AMDA