México busca impulsar ratificación del T-MEC

30 mayo, 2019

MÉXICO — La Secretaría de Economía exhortó al Gobierno federal y al Congreso de Estados Unidos a que inicien el proceso para la votación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El proceso de aprobación en México va en concordancia con el proceso en Canadá, el cual inició ayer con la entrega de los documentos pertinentes del T-MEC por parte del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, al Parlamento de ese país para su revisión y aprobación.

“En este contexto, resulta importante que la administración del presidente Trump envíe al Congreso de EE. UU. el proyecto de la ley de implementación del T-MEC y los documentos pertinentes conforme a su legislación”, dijo la Secretaría de Economía en un comunicado.

El T-MEC entrará en vigor cuando las tres partes hayan concluido los procedimientos legales internos.

Conforme fue anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), esta tarde el Ejecutivo Federal entregará al Senado de la República los textos del T-MEC, para su consideración, análisis y eventual aprobación.

Con esta entrega y una vez concluido el proceso de revisión legal del texto del T-MEC a cargo de la Secretaría de Economía, inicia el proceso de ratificación del T-MEC en México.

Para proceder a la consideración del T-MEC en el Senado de la República, con miras a su aprobación, el Ejecutivo Federal presentará la documentación pertinente y el informe preparado conforme al artículo 9 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica.

La ratificación del T-MEC en México confirma la importancia que el Gobierno del presidente López Obrador le atribuye a la integración comercial y productiva de México en América el Norte y reconoce su importancia como un pilar de certidumbre para la inversión en México.

El T-MEC contiene 34 capítulos que reflejan reglas modernizadas que permitirán apuntalar la competitividad de la economía de América del Norte, cuyo PIB suma más de 22 billones de dólares.

Fuente: El Economista