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En una decisión dividida, la Suprema Corte de Estados Unidos declaró que muchos de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump son ilegales, pero no especificó si el gobierno federal debe reembolsar a las empresas los aranceles que han pagado, ni cómo.
El fallo respaldado por 6 votos a favor (3 en contra) se refiere únicamente a los aranceles emitidos por Trump en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977.
Estos incluyen los aranceles “recíprocos” que la Casa Blanca impuso a las importaciones, que varían entre el 10% y el 50%, y los impuestos de importación que Trump afirmó haber impuesto a productos canadienses, mexicanos y chinos en respuesta al tráfico de fentanilo.
Los aranceles emitidos en virtud de otras autoridades, incluidos los aranceles sobre vehículos, autopartes, acero, aluminio y cobre, siguen vigentes y no se ven afectados por el fallo.
Aun así, la decisión tendrá importantes consecuencias para los fabricantes de automóviles y sus proveedores. Un análisis de PwC estima que el sector pagó alrededor de 8 mil 600 millones de dólares (mdd) hasta octubre pasado en aranceles que ahora se consideran inconstitucionales.
Durante ese tiempo, también se han recaudado 29 mil mdd en bienes industriales y manufactureros importados bajo aranceles ahora considerados ilegales.
Estimaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) indican que el gobierno estadounidense ha captado 314 mil 400 mdd en aranceles, impuestos y tasas desde principios de 2025. De dicha cifra, casi la mitad 133 mil 500 mdd se recaudaron en virtud de la ley de poderes de emergencia.
El fallo no especifica si se deben reembolsar los aranceles a las empresas ni cómo deben desembolsarse. Sin embargo, el juez Brett Kavanaugh, uno de los que votó en contra del fallo, afirmó que el proceso probablemente será complicado.
“El Tribunal no dice nada hoy sobre si el Gobierno debería proceder a devolver los miles de millones de dólares que ha cobrado a los importadores, ni cómo”, escribió Kavanaugh, “pero es probable que ese proceso sea un ‘lío’, como se reconoció en los argumentos orales”, insistió.
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