Regularización de autos chocolate podría significar caída del 30% en el mercado nacional

22 octubre, 2019

Horsepower

MÉXICO—La industria automotriz mexicana está frente a un inminente golpe: un nuevo proceso de regularización de autos ilegales o chocolate, que registra poco más de dos años en caída y una proyección similar hacia el próximo año.

De ratificarse la iniciativa en la Cámara de Senadores, el mercado nacional de autos podría caer 30%.

El gobierno mexicano dejaría de recibir alrededor de MXN$55,000 millones que cobra a través del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las operaciones de compra de autos nuevos y MXN$12,000 millones que recauda vía el Impuesto sobre Autos Nuevos (ISAN). El diputado Manuel López Castillo del grupo parlamentario del partido Morena, asegura que la regularización de los autos chocolate beneficiaría las arcas de los estados y municipios fronterizos con 50,000 millones de pesos.

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos (AMDA), que dirige Guillermo Rosales, desmiente la cifra del legislador.

El diputado López Castillo justifica la incorporación del artículo transitorio, con el argumento de que: “Busca generar incentivos a una cultura de legalidad y formalidad en la introducción de mercancías extranjeras”. Asegura que “las disposiciones que emita el Congreso facilitarán a los ciudadanos que tienen un vehículo de procedencia extranjera a adquirir el documento que acredita la legal estancia, y fortalece el cumplimiento no sólo de normas tributarias, ambientales y de registro vehicular”.

La industria automotriz agremiada en la AMDA, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Asociación Nacional de Productores Autobuses Camiones y Tractocamiones AC (ANPACT) y la Industria Nacional de Autopartes (INA), así como la Canacintra, Concamin y Coparmex reconoce la problemática de los vehículos ilegales. Advierte que legislar a favor del reconocimiento de lo ilegal no es la solución y representa una clara violación de la Constitución en sus principios de equidad y proporcionalidad.

Fuente: El Economista